La tan mentada CEOcracia

Se juzga el posicionamiento en cargos públicos de agentes con fuertes vínculos con empresas. Exitosos o no en esos espacios ello no determina mayor capacidad en el ámbito estatal. Son dos espacios diferentes, que funcionan con lógicas distintas. Lo público y lo privado. Todo finalmente dependerá de la orientación política con la cual se tomen las decisiones.

   Desde el inicio del nuevo gobierno, junto al nombramiento del equipo que acompaña a Mauricio Macri empezó a hablarse de esta nueva forma de gestión política, la ocupación de cargos públicos por personalidades directamente relacionadas con las empresas. Los CEOs.

   La “tensión entre lo público y lo privado” una vez más en plena manifestación, los hasta ahora representantes de intereses empresarios se transforman para manejar los hilos de los intereses públicos ciudadanos. Y se pone en evidencia una polémica que tiene que ver con el juicio valorativo sobre aquellas personas. Sobre sus capacidades de adaptación de un ámbito a otro: ¿Podrán dejar de lado su vínculo empresario para vestirse de intereses públicos? ¿Podrán tomar decisiones en función del bien común sabiendo que afectan el interés ciudadano?

   O más profundamente aun, ¿están más o menos capacitados quienes hayan ejercido funciones de administración en cargos de autoridad dentro de una empresa para comandar los intereses sociales? Suele suponerse que son intereses posicionados en veredas opuestas. De un lado el agente de negocios, del otro el sujeto social. Lo privado frente a lo público. El funcionamiento desarrolla lógicas diferentes, sin lugar a dudas. Ahora bien, ¿cómo congeniar ambas en el espacio estatal?

   Se pone en consideración todo este análisis en función de un nuevo modo de pararse frente a la administración pública. Parece haber en el planteo un nuevo modo de hacer política.

   Se reedita la discusión público – privado en función de estos nuevos roles. Esta aparición en escena de agentes que con demostrada capacidad management en sus respectivos puestos de trabajo ahora serán puestos a prueba en el ámbito estatal que los convoca a través del llamado presidencial.

   No obstante, la evaluación sobre el trabajo de los CEO en el desempeño de sus nuevos cargos será en función de los resultados de la tarea diaria del gobierno, aunque no deja de ser evidente cierto mensaje político del nuevo equipo frente al Poder Ejecutivo Nacional respecto a la idea del funcionario privado superior al político de base y cancha, de carrera “estatal”.

   Es una señal similar a la que allanó el camino para las privatizaciones de empresas públicas, como si en las corporaciones privadas no existieran desmanejos financieros, corrupción e ineficiencias, como quedó probado cuando la alianza de bancos acreedores, grupos locales y multinacionales se quedaron con empresas estatales en la década del noventa.

  Son modos de demostrar una concepción económica que parece ser dominante que tiene como premisa el rol central del mercado y los actores privados en la producción económica. En este sentido, el sentido común de la sociedad es instruido acerca de que lo público se asocia con lo ineficiente, lo ocioso, lo inoperante, lo corrupto mientras enfrente se alza en el altar de la pureza el mercado y la actividad privada, paraíso de la eficiencia, la transparencia, la honestidad y la productividad.

   No obstante, en definitiva, el origen de un funcionario (CEO o político) no debería predeterminar su capacidad de gestión, ni tampoco una empresa pública será más eficiente (social y económicamente) si tiene una administración privada, estatal o mixta. La cuestión más importante, y fundamental para esa evaluación, es la orientación política sobre la gestión pública en función a la elección estratégica de qué proyecto de desarrollo de país transitar, dependiente de las potencias o con márgenes de autonomía que promuevan la industrialización e inclusión social. Lo relevante son las políticas; no las personas, y luego una buena gestión para alcanzar los objetivos previstos.

   Resta clarificar, desde el núcleo del poder político nacional, no tanto los objetivos, que han sido oportunamente declarados en los discursos presidenciales, sino las formas de llevar adelante la realización de los mismos. Y estas cuestiones son las que habrá que mejorar en términos de comunicación política.

   Hemos confiado en un nuevo color político de gobierno la administración general de nuestros intereses, en ellos se deposita la esperanza de miles de argentinos que esperan mejores estándares de vida, para sí mismos y sus descendientes. La evaluación final tendrá seguramente un capítulo especial para la labor de los CEOs dentro del Estado, pero quien llevará la mayor responsabilidad de todo lo hecho será el Presidente de la República, él mismo CEO devenido en político hace tiempo.