El acuerdo de paz que
no fue aceptado por el pueblo deja abierto el interrogante acerca del futuro
próximo lleno de incertidumbre de un país que sufre años de violencia extrema.
No se puede construir la paz sin
el pueblo y el Presidente Manuel Santos lo sabe, “para que la paz sea estable y
duradera es necesaria la aprobación del pueblo”. Convocó a un plebiscito que
terminó sellando la negativa de buena parte de la población a los términos del
acuerdo que se firmara entre el gobierno y las FARC hace unos días y suscitara
tantas expectativas internacionales y algunas a nivel interno.
El oficialismo esperaba que
ganara el sí, confiaba en que las expectativas por la paz superarían los
recuerdos cercanos y las heridas abiertas tras años de enfrentamientos y dolor
de quienes fueron víctimas directas e indirectas del accionar de la guerrilla
colombiana.
Ahora la victoria del no obliga a
replantear la negociación, la incertidumbre por parte del gobierno tras el
fallido intento expresa hoy la necesidad de considerar la voz del pueblo y
trazar nuevas negociaciones tomando nota de lo que el no expresó en las urnas.
Sumamente polarizado el país se
dividió básicamente entre quienes consideran no estar en contra de la paz en si
sino de los términos según los cuales se indultaba a los responsables guerrilleros
casi sin sanción alguna y con la posibilidad de dejarlos participar de la arena
política y aquellos quienes preferían olvidar el pasado y plantear un nuevo
estado de situación a partir del acuerdo. Ambos polos con razones suficientes y
válidas para defender sus posturas.
La campaña del si no tuvo el
impacto necesario. No logró entusiasmar a la mayoría. La campaña del no
-comandada principalmente por el ex presidente Álvaro Uribe- hoy oposición al
gobierno de Santos tuvo mayor impacto dando los resultados que hoy conocemos.
El plebiscito era para dar
legitimidad a las negociaciones que el gobierno llevó adelante. Las encuestas
anticipaban una tenue victoria con una intención de voto positivo. Se hablaba
desde el gobierno acerca de la posibilidad del retorno al conflicto armado en
caso de que el resultado le fuera adverso. Y los críticos solicitaban la
renegociación de los puntos más polémicos del acuerdo. Como la “Justicia
transicional” según la cual los responsables insurgentes no serían juzgados por
sus actos y las penas previstas no contemplaban condenas a prisión. La amnistía
y el indulto era la medida para los combatientes mientras los responsables de
crímenes más aberrantes debían cumplir con trabajos sociales. Además, se
contempla la posibilidad de que los guerrilleros ingresaran formalmente a la
arena política garantizando a través del acuerdo diez escaños garantizados para
los próximos años en el Congreso Nacional.
El propio Papa Francisco se
mostró favoreciendo el acuerdo enunciando su consideración hacia la labor de
Santos en las gestiones realizadas en contrapartida de quienes para él
arriesgaban todo para continuar en la guerra. No bastó para cambiar el curso de
las cosas.
Ahora resta esperar como sigue y
que final pueden darle a esta historia. El desafío sigue siendo cómo cerrar las
heridas y construir un sistema democrático a partir de las ruinas. Cómo pensar
en el futuro de provecho dejando atrás el pasado de terror. Lo moral y lo
político se enfrentan a la realidad y chocan al momento de dar resolución al
conflicto violento.
Nadie negaría que los acuerdos de
paz son necesarios para vivir en sociedad, pero ¿cómo negociar con quienes han
causado tanto daño social? Los colombianos pidieron en las urnas revisar el
acuerdo, esto podríamos traducirlo en el reclamo directo al gobierno de mayor
dureza en las sanciones para una porción amplia y poderosa de la misma
comunidad que decidió vivir por años siendo combatiente del orden establecido y
en su paso afectó para siempre la vida en Colombia, un país que busca paz y no
la consigue conquistar.
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